OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO VIGESIMOTERCERA PARTE)

 Con el tema "Tacatá" de Tacabro, vamos a destapar los condoros que hubieron en el fallido Censo del año pasado, que ya cobraron varias víctimas en el INE y, que tiene a los fachos de mierda aplastados en el pavimento. El reportaje lo trae Paula Molina.

Fue anunciado como "el mejor en la historia de Chile" por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero el Censo de Población y Vivienda realizado en 2012 en el país latinoamericano omitió a al menos 9% de la población y adolece de serios problemas.

Son fallas tan graves que los datos obtenidos no deberían ser utilizados y el censo se debería repetir en 2015, según una Comisión Externa Revisora encargada por el propio gobierno.

El informe cayó como un balde de agua fría para la administración de Piñera, uno de los empresarios más ricos de Chile y el primer presidente de derecha en el país desde el retorno de la democracia.

Piñera anunció un gobierno de excelencia y ha intentado marcar su administración con una lógica de eficiencia distinta a la de los gobiernos de centro izquierda que lo precedieron. "En 20 días hemos avanzado más que otros en 20 años", dijo alguna vez.

El gobierno chileno anunció que se consultará a organismos internacionales como el Banco Mundial y la comisión estadística de la Unión Europea antes de decidir si el censo se repetirá en 2015, como propone la Comisión.

Omisiones y falta de transparencia

"Esto es un tsunami que llegó inesperadamente", dijo el director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Juan Eduardo Coeymans, en una declaración que transmite la perplejidad del gobierno ante los errores reportados por la comisión.

Según la comisión, la población censada en Chile fue de 15.758.929 personas, mientras la proyección del INE con asesoría del CELADE (Centro de Latinoamericano y Caribeño de Demografía) para el 2012 asciende a 17.382.005.

El informe también detectó fallas en la planificación y la preparación del censo, en el número de censistas y denunció omisiones y falta de transparencia en la publicación de los datos.

Por otro lado, menciona el mal clima organizacional y las fuertes divisiones internas del organismo a cargo de su elaboración.

Uno de los expertos que preparó el informe, el economista David Bravo de la Universidad de Chile, afirma que una de las causas de los errores en el censo fue la decisión del ex director del INE Francisco Labbé de hacer un censo de derecho, sin contar con los recursos ni la planificación necesaria y sin comunicarlo debidamente al resto del organismo.

Labbé renunció a fines de abril recién pasado, una vez que los errores del censo fueron denunciados en una investigación periodística.

La comisión planteó realizar un censo de hecho y abreviado en un día feriado, donde las personas se cuenten donde estén al momento del censo y entreguen la información mínima necesaria para el proceso.

Comidilla en redes y en la prensa

La propuesta encendió las redes sociales donde con el hashtag #censoabreviado se propusieron nuevas preguntas para una encuesta mínima ("¿Cuánto calza?", "¿Cara o sello?") y festinaron con la imprecisión en las cifras de población ("¿si nos numeramos uno por uno?").

También criticaron la pérdida de los montos empleados en el censo, que ascienden a 30 mil millones de pesos chilenos, equivalente a unos US$60 millones según el diputado de oposición Gabriel Silber.

Los errores en el censo de la población podrían tener consecuencias más serias, relacionadas con la correcta asignación de fondos públicos para la población y la focalización de las políticas públicas, y empañan la confianza en las cifras de Chile, país que forma parte de la OCDE.

A los problemas del censo se suman los cuestionamientos planteados a la cifra de disminución de la pobreza, informados el 2011 a partir de la encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN.

A raíz de estos casos, a fines de abril el diario Financial Times afirmó que la credibilidad de Chile se había erosionado. El rotativo cuestionó también las cifras de inflación entregadas, mientras que la revista The Economist planteó que la reputación de las estadísticas chilenas había sido golpeada

El censo ahora puesto en entredicho se realizó entre el 9 de abril y el 15 de julio de 2012, y fue el primer censo de derecho en Chile, es decir, un censo en el que se preguntan los datos de las personas que residen habitualmente en el hogar, aunque no estén presentes.

"Se tiende a pensar que un censo de derecho es de mejor calidad que uno de hecho", dijo el ministro de Economía chileno, Vicente de Félix, de cuya cartera depende el proceso. "Se trató de hacer tan bien, que finalmente no resultó bien", añadió.

Problemas en el seno del INE

Los resultados del censo 2012 fueron presentados oficialmente el 2 de abril de 2013.

Las alertas sobre el proceso surgieron tres semanas más tarde, cuando un reportaje del Centro de Investigación Periodística, CIPER Chile, denunció que el entonces director del INE, Francisco Labbé "habría manipulado las cifras del censo", al presentar a los habitantes "estimados" como efectivamente empadronados, desoyendo al equipo técnico del organismo estatal.

Tras la denuncia, Labbé renunció al cargo junto a sus asesores más directos, aunque aseguró que las acusaciones eran infundadas y respondían a un ambiente "politizado".

La justicia tomó el caso a través de la Fiscalía Centro Norte, que investiga los posibles delitos de falsificación de instrumento público y falsificación ideológica, y que sumará los resultados del informe de la comisión de expertos al proceso.

La Cámara de Diputados inició en mayo pasado una comisión investigadora sobre el caso.

Según el parlamentario de oposición Gabriel Silber, el costo del censo fue de 30.000 millones de pesos chilenos, equivalente a unos US$60 millones.

24 horas después de conocer el informe, el presidente Piñera reconoció errores en la planificación y la ejecución del censo. "Quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por estos errores", afirmó en La Moneda, la casa de gobierno.