OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTESIMOQUINTA PARTE).

  A todo metal partimos esta 105ª Parte de la Operación Santa Patricia. Y lo vamos a hacer con el sexto eje transversal de la candidatura de Marcel Claude, referente a las Políticas Sociales.

Hoy es claro que en Chile los planes y programas sociales se subordinan a los designios e intereses del capital financiero internacional y que habitualmente nos son invisibles en sus acciones directas. Un sistema en el que todo se rige por un “modelo” y leyes de mercado, termina convirtiendo a la salud, la educación, la cultura y la vivienda en un negocio más, en donde el juego de fuerzas entre productores y consumidores no deja lugar para una comunidad solidaria y organizada capaz de tomar decisiones sobre la inversión social pública.

Para modificar o transformar la actual situación, es fundamental que todas personas, todos los ciudadanos, toda la población esté informada, participe y exija que se cumplan estos derechos fundamentales. Las políticas sociales carecen de un uso adecuado, una buena administración del presupuesto, para garantizar el acceso a salud, educación y vivienda de calidad para toda la población. Hay además importantes problemas de gestión de los servicios públicos y una ausencia de políticas públicas serias y específicas en cuanto a desarrollo cultural.

Debemos dejar de hacer sólo lo que se puede y pasar a enfocar las políticas sociales poniendo como valor central al ser humano, buscando favorecer su desarrollo en convivencia armónica con el progreso general.

El Estado, o sea “todos nosotros” debemos asumir en plenitud la responsabilidad social en las áreas de servicios públicos, educación, salud, vivienda e infraestructura de todo lo anterior, hoy entregadas sin contrapeso a las leyes y modelo de mercado. Exigimos que la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo cultural promuevan y permita un “buen vivir”, y que sean derechos explícitamente consagrados en la Constitución y las leyes.

I. Salud

Es necesario y posible garantizar a todo chileno y chilena una atención de salud publica, de libre acceso, oportuna, de calidad y de co-pago 0. Entendiendo como buen servicio la percepción de satisfacción de la persona que recibe el servicio. Para esto es necesario:

• Destinar a Fonasa el aporte de todos los trabajadores desde un 7% hasta un 15% dependiendo de sus ingresos, para entregar Salud pública y de libre acceso con co-pago 0 o “sin gasto de bolsillo”. Voluntariamente se podrá aportar a un sistema de salud privado, pero adicional a este fondo.
• Construir un sistema de salud integral orientado a las personas, que atienda proporcionadamente la dimensión preventiva, curativa y promocional, considerando también su entorno familiar y comunitario.
• Mejorar las remuneraciones de los trabajadores de la salud pública, como también las condiciones laborales.
• Fortalecer los marcos legales vigentes, generando una escala única. Disminuyendo brechas salariales según comunas y/o según profesión.
• Incorporar a la población organizada en la toma de decisiones sobre las prioridades de atención y el mejoramiento de la gestión de los servicios de salud a nivel municipal y regional.
• Todas las enfermedades existentes deben ser cubiertas, por esta salud pública. Incluso, la que padece la Alejandra Correa.
• Generar una estructura de administración basada en: ministerio–regional-provincial (agencia).
• Incorporar dentro de la salud pública, como también en las carreras relacionadas a la salud, la medicina de los pueblos originarios.
• Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura en Salud pública o privada; hospitales, consultorios, clínicas, postas, servicios médicos, debe ser diseñada y construida considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.

II. Educación

Fortalecimiento de la Educación pública. La educación constituye un derecho indiscutible que debe ser asegurado por el Estado para TODOS los habitantes de Chile. Consideramos una educación pública gratuita, laica, de libre acceso y obligatoria desde el nivel parvulario hasta el nivel medio. Adicionalmente pueden existir instituciones educativas privadas para quienes quieran pagar. Propiciamos además un sistema de educación superior que asegure el acceso con efectiva igualdad de oportunidades para todos, otorgada sin costo en los institutos técnicos y las universidades estatales, y en las universidades privadas acceso sin costo a todo estudiante de escasos recursos y arancel diferenciado al resto de los estudiantes en función del nivel de ingreso de sus familias.

Estimamos que se debe destinar no menos del 25% del presupuesto nacional para financiar un acceso gratuito a la educación pública y de calidad en todas las etapas de la vida personal (infancia, adolescencia, adultez y 3º edad).

• Las prioridades deben estar en asegurar el 100% de cobertura de la educación parvularia junto con la valorización real del rol del profesor y educador, otorgándole condiciones salariales y laborales acorde con su primaria importancia. Así como en el desarrollo de los establecimientos de zonas de mayor necesidad socio-económica.
• Modelo pedagógico enfocado en desarrollo de habilidades humanas y quehacer pedagógico centrado en la persona y el desarrollo humano integral y armónico, en todas sus dimensiones humanas/sociales y en las intervención social/cívicas.
• Proponemos una estructura de administración basada en: ministerio-regional-provincial-agencias (comunidades organizadas).
• Reevaluación de la JEC (estudiar o trabajar menos horas). Una posibilidad es generar en los barrios centros culturales-deportivos, allí van los estudiantes a lo que ellos escogen. En definitiva una jornada de colegio, escuela, estudio o deporte no alineada al futuro laboral.
• Educación superior vinculada con el progreso y desarrollo socio comunitario, con un proyecto país y con la integración regional.
• Vinculación y complementación del sistema eduacional con otras áreas como cultura, medio ambiente, discapacidad, pueblos originarios, FFAA, etc.
• Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura educacional publico o privado; colegios, escuelas, parvularios, salas cunas, jardines infantiles, universidades, institutos técnicos, etc. deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.

III. Cultura

El país requiere una política cultural que se ponga a disposición de la población, con medios efectivos tanto para el desarrollo de la expresión artística y cultural, como para el acceso al conocimiento y al uso de la tecnología.

Lejos de la publicitada colaboración de la empresa privada con el desarrollo científico, tecnológico y cultural en Chile, todos aquellos espacios de expresión cultural considerados como “no rentables“ son precisamente los que deben recibir mayor financiamiento estatal en función de criterios de desarrollo local y regional, determinados en conjunto con la ciudadanía. Para ello se requiere descentralizar el financiamiento y la gestión del desarrollo cultural, creando espacios regionales y locales de invención, creación, expresión y acceso a la cultura. Esto significa al menos:

• Eliminar el impuesto al libro.
• Eliminar los fondos concursables existentes y reemplazo por agencias regionales de desarrollo artístico y cultural, cuyas políticas y prioridades sean definidas mediante procesos de deliberación ciudadana.
• Eliminar las formas actuales de financiamiento público de la investigación en ciencia y tecnología, las cuales favorecen la concentración de los recursos en un grupo reducido de investigadores, mucho más allá de sus necesidades reales de financiamiento, con lo cual no son evidentemente un incentivo eficaz a la investigación.
• Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura cultural pública o privada; teatros, centros de eventos, cines, bibliotecas, etc. deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.
• Establecimiento de mecanismos de transparencia en la asignación de recursos para el financiamiento de la creación artística y para la investigación científica y tecnológica, y creación de dispositivos de acompañamiento y seguimiento permanente de la gestión y uso adecuado de los recursos asignados.
• Aumentar al menos a 3% del PIB el presupuesto público destinado a fomentar la investigación científica y tecnológica.
• Transformar CONICYT en el Centro Nacional de la Investigación Pública, que tenga por función la formulación y seguimiento de una política de desarrollo científico y tecnológico cuyas prioridades sean:

*        el financiamiento nacional y regional de la investigación fundamental (“no aplicada”) tanto en ciencias exactas y experimentales como en ciencias humanas y sociales, en resguardo de criterios de autonomía científica en la definición de objetos y prioridades de investigación, de pluralismo intelectual y de recambio generacional.

*        el financiamiento nacional y regional de investigadores confirmados y jóvenes al servicio del desarrollo productivo, tecnológico, social y sustentable a nivel local en función de criterios formulados mediante mecanismos de democracia participativa;

*        el reforzamiento y articulación entre la investigación y la docencia en las universidades estatales y establecimientos estatales de educación técnica, para que la investigación sea puesta al servicio de la formación de las nuevas generaciones de profesionales, investigadores y técnicos;

*        la obligación de las universidades estatales de integrar a sus plantas de investigadores-docentes a quienes hayan recibido un financiamiento público para la realización, tanto en Chile como en el extranjero, de estudios de post-grado orientados a la investigación.

IV. Vivienda

Los desafíos guardan relación no sólo con aumentar la cobertura de viviendas en los sectores de menores recursos, sino también con mejorar los estándares de calidad de ellas, su localización y la calidad de los entornos físico-sociales en que se insertan. En una frase mejorar el “déficit en la calidad del hábitat”. Por ejemplo, ¿cuánta es la cantidad de m2 mínimos y las condiciones de una vivienda para que viva una familia de manera digna?

Planteamos:

• Generar una Normativa para el establecimiento de estándares de habitabilidad, incorporando el Diseño Universal como elemento indispensable para mejorar la calidad del diseño de la vivienda (temperatura, humedad, accesibilidad, superficies, etc.). Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.
• Aumentar el tamaño de las viviendas a, como mínimo, 46 metros cuadrados. Aplicar una política en la calidad de los materiales, mejorar los sistemas constructivos, de aislación, de arquitectura, teniendo en cuenta el entorno y los futuros propietarios, considerando a personas con discapacidad.
• Recuperar el derecho del Estado a la construcción de viviendas.
• Utilizar parte de los fondos previsionales administrados bajo el concepto de fondos solidarios por el Seguro Social y a través del Banco de Equidad Social, para el financiamiento de la compra de viviendas.
• Fortalecimiento de los Sistemas Cooperativos para su implementación en planes de vivienda.
• Un fuerte apoyo a la organización social y la autogestión como base para obtener su vivienda, como cooperativas u organizaciones de allegados.
• Aumentar las áreas verdes y zonas de arborización, dar realce a sectores de esparcimiento familiar especialmente en los grandes conjuntos habitacionales vinculando la cantidad de casa construidas con el mínimo de m2 de áreas verdes o esparcimiento. Mayor equipamiento comunitario como bibliotecas bien aprovisionadas y con acceso a la tecnología, sedes sociales amplias que acojan las inquietudes de los vecinos facilitando la asociatividad.
• Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de equipamiento comunal; juntas de vecinos, bibliotecas, centros comunitarios, plazas, parques, áreas deportivas, deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso.
• Fortalecer el rol de las Direcciones de Obras Municipales y Direcciones de Desarrollo Local, para ser los Co-Gestores de los programas de vivienda en cada comuna.
• Apoyar fuertemente la acción de los municipios los cuales presentan posibilidades significativas si se consideran las funciones y competencias que poseen en materia de uso del suelo, infraestructura y equipamiento comunitario, vivienda, aseo y ornato y desarrollo comunitario. A partir de ellas y mediante la aplicación de una gestión territorial participativa, pueden aportar al mejoramiento de la calidad del hábitat de los sectores más pobres, integrando y complementando esfuerzos y recursos con los niveles regionales y nacionales vinculados a esta materia.