lunes, 22 de julio de 2013

OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMA PARTE).



 Entramos a los 100 capítulos de esta Operación Santa Patricia, ya saliendo de la Trinchera Monumental. Y en conjunto con Todos a La Moneda, vamos a enumerar los ejes programáticos de la campaña de nuestro candidato presidencial Marcel Claude.
 Y vamos a partir con el tema de la Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución:


Han transcurrido 23 años y 4 gobiernos de la Concertación y uno de la derecha pinochetista y en Chile aún tenemos una Constitución anti-democrática e ilegítima. Estamos sometidos a un Estado centralizado y a un sistema político basado en la desconfianza hacia la voluntad popular, donde el ciudadano no tiene ningún protagonismo, donde se fomenta la desinformación política y el paternalismo, donde en definitiva se sigue eligiendo a unos pocos para representar los intereses de la minoría que detenta el poder económico, negando de manera perversa la soberanía del pueblo.
Con el objetivo de instalar instituciones democráticas en el país, durante estos 23 años hemos propuesto la derogación mediante plebiscito de la Constitución de 1980 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, cuya propuesta sea también aprobada por plebiscito. Estamos hoy en condiciones de promover con mayor fuerza aún el debate y la movilización de los ciudadanos para que el pueblo sea el soberano y protagonista permanente de la toma de decisiones en todo Chile. Hoy como ayer exigimos una nueva Constitución Política, generada a partir de una Asamblea Constituyente elegida por votación popular y sancionada en un plebiscito universal.

Exigimos una nueva Constitución y nuevas leyes para una verdadera democracia en las que se considere:
  • Radicar la soberanía en el pueblo y que sea el pueblo el garante de la institucionalidad.
  • Eliminar la definición de Chile como un “Estado subsidiario”, pilar básico del sistema imperante.
  • Al “ser humano” como núcleo fundamental de la sociedad. Abogamos por un Estado vinculado y activo en la defensa de los derechos ciudadanos, dejando atrás esa concepción que le entrega a la “familia” el rol y la obligación principal y/o fundamental en la satisfacción de éstos, pero no provee las condiciones para que ello sea posible para las grandes mayorías, privatizando de ese modo los conflictos.
  • Remplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional con especial preocupación en asegurar la participación y representación tanto de las minorías políticas como de las mayorías discriminadas.
  • Instituir la generación democrática de todos los poderes del Estado (la elección por sufragio universal directo de los jueces y magistrados, de los intendentes y de los consejeros regionales).
  • Establecer el derecho a sufragio de los chilenos que viven en el extranjero.
  • Crear mecanismos que permitan la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas frente a la acción del Estado (tribunales contencioso administrativo y de recurso administrativo) o de cualquier otra organización (Defensor del Pueblo).
  • Democratizar la toma de decisiones instituyendo mecanismos participativos para los ciudadanos decidan sobre los presupuestos de inversión y la administración de los servicios públicos.
  • Ampliar las facultades fiscalizadoras del Parlamento.
  • Subordinar la existencia de las Fuerzas Armadas y de Orden a la Constitución y las leyes, sentando las bases para una profunda reforma de estas instituciones, su reestructuración en función de la protección de los derechos humanos (normalización y democratización de las FFAA y de las policías; servicio militar voluntario; ley de emergencia social).
  • Señalar expresamente la obligación constitucional del Estado de Chile de comprometerse con la defensa y promoción de todos los DDHH (de todas las generaciones) incorporando específicamente la Salud y la Educación como tales.
  • Definir Chile como Estado Federativo, que implica la elevación de las Regiones a Unidades Políticas de Administración Autónomas, con Intendentes, Parlamento y Poder Judicial electos por voluntad popular y plazos acotados. La actual estructuración regional deberá revisarse en razón de generar un nuevo orden territorial que rescate la identidad cultural y los polos de actividad comercial, productiva y/o turística que permita la diversidad de paisajes que necesita para su desarrollo; y que realice una ponderación a largo plazo del equilibrio necesario de la distribución territorial.
  • Establecer constitucionalmente las premisas que toda actividad lucrativa, por definición, debe pagar impuestos y que el Estado no puede subsidiar actividades lucrativas, sino por ocasionales emprendimientos, calificados por el Parlamento Regional, y en carácter temporal.

Exigimos hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando el fuero de los representantes políticos y promoviendo tanto la responsabilidad política como la responsabilidad ciudadana, para lo cual es necesario:

Aprobar la ley de responsabilidad política presentada al Congreso Nacional por la diputada humanista Laura Rodríguez en 1990, es decir una ley que obligue a todos los representantes políticos a dar cuenta de su gestión a los ciudadanos de sus comunas, distritos y regiones respectivos, una ley que a su vez le devuelva el poder a los electores para remover de los cargos de elección popular a aquellos que no cumplan con sus promesas electorales (revocabilidad del mandato de los cargos de elección popular), lo que se podrá exigir luego de cumplida la mitad del periodo del cargo, mediante un referéndum revocatorio, al que se puede convocar con un número determinado de firmas, según el ámbito de aplicación, definida por Ley.

Generar mecanismos plebiscitarios y de consulta popular vinculante para resolver temáticas de interés conjunto, a todos los niveles de interés: Comuna, Región, República.

Integrar sistemáticamente formas de Democracia Participativa y Directa, por medio de las cuales los ciudadanos puedan:
  • proponer proyectos de ley (ley de iniciativa popular para proponer leyes y reformas),
  • vetar la aprobación de una ley (el veto de ley por referéndum),
  • tomar decisiones sobre la asignación del presupuesto público de inversión y el diseño de políticas públicas, particularmente de las políticas sociales, de desarrollo urbano y de seguridad ciudadana a nivel regional y comunal.
  • participar en la gestión de los servicios públicos, de abajo hacia arriba, al menos a nivel municipal y regional, en particular en las áreas de la salud, de la educación, desarrollo urbano y rol de la policía comunal (órganos municipales y regionales participativos de consulta y decisión, presupuestos participativos).
MarcelNoaCaprilesenLa Moneda
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